NUEVA SENTENCIA A FAVOR DE UNA PARTICULAR INVIDENTE A QUIEN BANKIA LE VENDIÓ SUBORDINADAS ASEGURÁNDOLE QUE SE TRATABA DE UN DEPÓSITO

El Juzgado de Primera Instancia 4 del Hospitalet de Llobregat ha declarado la nulidad de un contrato de adquisición de obligaciones subordinadas por importe de 10.000.-euros al entender que concurre  vicio en el consentimiento de la clienta quien creyó que contrataba un producto seguro y garantizado.

El Tribunal considera que en la comercialización de este tipo de productos complejos entre clientela minorista existe una INFORMACIÓN ASIMÉTRICA, en el sentido de que es desproporcionado el conocimiento financiero que ostenta el Banco al que puedan tener los clientes. Es por ello que la normativa debe de proteger al cliente que se encuentra en una posición más desventajosa, y obligar a las entidades financieras a extremar más sus deberes de información.

En el presente procedimiento el Tribunal da por acreditado que BANKIA prestó un servicio de asesoramiento activo a la clienta al poder comprobar el considerable despliegue documental en el momento de la contratación “ que resultaría innecesario si se tratara sólo de ejecutar órdenes de compra decididas directamente por el cliente”.

El Tribunal estima irrelevante que la iniciativa en la comercialización del producto partiera de la Entidad o de la propia clienta por cuanto “con independencia de que no fuera clienta habitual de la oficina o de que la iniciativa de la contratación de deuda subordinada fuera suya es evidente que la demandante no era experta en inversiones, y que por su condición, la rigurosa información antes de la contratación debía de existir y cumplirse.”

Quizás lo más llamativo de este Fallo es que la clienta sufre un 85% de pérdida visual que le impide valerse por sí misma y dada esta deficiencia visual la convierte una persona MÁS VULNERABLE. Además de que es inexplicable de que ella misma pudiera rellenar el Test de conveniencia que constaba aportado en autos, concluyendo el Tribunal que las respuestas del Test son estereotipadas sin que se garantice el suficiente conocimiento del contenido del cuestionario y la finalidad del documento.

 

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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DESPUÉS DE LOS CUATRO AÑOS DE LA REALIZACIÓN DEL CANJE POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Todos los afectados por la mala comercialización de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes que todavía no hayan acudido a la vía judicial para reclamar la devolución de sus ahorros, ya no podrán hacerlo transcurridos cuatro años desde que se canjearon sus títulos por acciones.

Siguiendo el criterio mayoritario de los Tribunales,  en los contratos de preferentes y subordinadas la acción de nulidad no estaría caducada por cuanto son contratos no sujetos a plazo (preferentes) o con un plazo de vencimiento muy largo (subordinadas).

Este tipo de contratos, que se denominan de trato sucesivo, llevaban aparejadas unas facultades por parte de la Entidad, y que continuaban vigentes porqué los contratos todavía no habían vencido. Entre otras, el pago de los intereses de los productos a los clientes y la opción de amortizar anticipadamente los títulos.

Ahora bien, en todo caso, cuando se producen los canjes por acciones, algunos como en el caso de Bankia, a principios de 2012, otros como el de Catalunya Banc, a mediados de 2013, los titulares de estos contratos pasaron a serlo de acciones. Y en este momento se extinguieron las obligaciones que, dada la naturaleza de estos productos y su vencimiento indefinido o por un largo tiempo, estaban pendientes.

Es por ello que,  es muy posible que los Tribunales aprecien que el computo del plazo para determinar cuándo se entendería caducada la acción de nulidad, se inicie desde el momento en que las Entidades realizaron el canje, que muchas veces también coincide con el momento en que los titulares de estos productos se percatan que habían contratado unos productos arriesgados y inadecuados para sus perfiles inversores minoristas.

 

38.000 AFECTADOS POR LAS PREFERENTES Y SUBORDINADAS HAN QUEDADO EXCLUÍDOS DEL ARBITRAJE DE BANKIA

Según fuentes de la Entidad financiera Bankia, unos 38.000 titulares de preferentes y subordinadas no recuperarán los ahorros que depositaron en su día en esta Entidad o en aquellas que han sido absorbidas por Bankia ( Caixa Laietana, Caja Madrid, Bancaja…).

A todos estos afectados se les ha denegado la vía arbitral. Los criterios que ha seguido la consultora KPMG para estimar o en su caso desestimar las solicitudes de arbitraje no están muy definidos. El más claro seguramente es el criterio económico, las reclamaciones que superaran los 10.000 euros no se han aceptado. De todos modos, Bankia reconoce que han llegado a admitir reclamaciones superiores a 500.000 euros. Por lo tanto, es evidente la opacidad en la criba efectuada, máxime cuando la misma consultoría que ha tramitado las solicitudes es la que se ha encargado de llevar otros temas judiciales a Bankia.

Se estima que Bankia desestimando éstas reclamaciones ha ahorrado algo más de 1.200 millones de euros.  

Los clientes que han visto rechazadas sus solicitudes o que han obtenido un laudo negativo por parte del Tribunal Arbitral, tienen como única vía la judicial. Acudir a la vía judicial proporciona unas garantías de éxito muy elevadas por cuanto la mayoría de Tribunales están apreciando el error en el consentimiento de los titulares de preferentes y subordinadas por la deficiente información recibida y que no les pudo alertar de que se convertían en titulares de un producto arriesgado y marcadamente especulativos.

MÁS DE UN TRIBUNAL REMITE EL EXPEDIENTE DE LOS AFECTADOS POR LAS PREFERENTES A LA FISCALÍA POR INDICIOS DE DELITO

Dada nuestra experiencia con la mala praxis bancaria hemos podido testiguar como a algunos de nuestros clientes, el Juez ha dictaminado que sus expedientes sean remitidos a la Fiscalía por apreciar indicios de delito en la comercialización de las participaciones preferentes.

Entre otros casos, destacan el del Juzgado de Primera Instancia 7 de Barcelona en Sentencia de 29 de enero de 2014. El Juez tras observar que la firma del cliente en la Orden de Compra no se correspondía con la de su DNI “tres rallas horizontales inestables, amorfas e irregulares”, pues el cliente es analfabeto y no sabe firmar, consideró que existían claros indicios de delito de falsedad de documento privado. El mismo Juez aprecia temeridad en el modo de litigar de CATALUNYA BANC porqué en su escrito de contestación de la demanda alegan que la venta de las acciones al Fondo de Garantías es imputable a los clientes y son ellos quienes deben de asumir las pérdidas derivadas de la venta de las acciones.

También destaca el Juzgado de Primera Instancia 1 de Mataró en Sentencia de 28 de abril de 2014 que aprecia una conducta dolosa de la Entidad que se concreta en las actuaciones siguientes. La primera, omitir abiertamente información esencial sobre las características del producto y los riesgos, además de no practicar a los clientes el Test de conveniencia al que estaban las Entidades obligadas por ley. También porqué la Oficina ofrecía un producto arriesgado, marcadamente especulativo, y que computaba como más recursos propios de la Entidad entre clientela minorista que no ostenta los conocimientos financieros requeridos para contratar este tipo de productos. De acuerdo con el Juzgador “todas estas conductas son a juicio de quien suscribe indicios más que suficientes para merecer un reproche ético, civil y penal”.

 

NUEVA CONDENA POR LA VENTA DE PREFERENTES Y SUBORDINADAS A UN MATRIMONIO DE JUBILADOS DE CALDES D’ESTRAC

Los Juzgados de Mataró han dictado Sentencia, de más de 40 páginas, declarando nulos varios contratos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas suscritos por un matrimonio mayor por un evidente error en el consentimiento en la contratación.

El Tribunal considera que existe una clara actuación dolosa de Bankia en la comercialización de un producto arriesgado y objetivamente especulativo a unas personas de perfil conservador y sin conocimientos financieros, únicamente porqué el producto computa como recursos propios de la Entidad. El Tribunal acuerda la remisión las actuaciones a la Fiscalía de Mataró para que se pronuncie sobre si concurren indicios penales y procedan a abrir diligencias que resulten oportunas.  

De esta interesantísima Sentencia, destacamos, de forma resumida, los siguientes argumentos:

  1. La participación preferente o obligación subordinada es una clase de valor negociable que ha sido profusamente emitida por las entidades de crédito en los últimos años como parte de su estrategia dirigida al saneamiento de sus balances ante la severa crisis financiera que les afecta.
  2. Los titulares de lo que eran depósitos a plazo cuando la Entidad, sirviéndose de su confianza, les traspasa sus depósitos a preferentes o subordinadas lo que hace es que los depósitos dejan de ser deuda del emisor (pasivo en términos contables) para pasar a formar parte de su patrimonio neto, entonces los titulares pasan a ser partícipes de su riesgo patrimonial.
  3. El nivel de riesgo de las participaciones preferentes es mayor que el de las acciones; no confieren derecho a voto en la sociedad y carecen de orden de suscripción preferente en el orden de prelación de los créditos.
  4. Las preferentes y las subordinadas son perpetuas o sujetas a un plazo de vencimiento muy amplio y extenso, circunstancia que es precisamente la que comporta su problemática social, por tanto la acción no ha caducado por cuanto ni siquiera ha dado el plazo de 4 años de caducidad al estar el contrato desenvolviendo sus efectos jurídicos y económicos de forma plena. Como mucho el cómputo del plazo se iniciaría en el año 2012 cuando cesan las prestaciones económicas contratadas cuando los titulares no pueden recuperar el dinero invertido en el mercado secundario.
  5. El perfil de los contratantes es conservador y minorista: él tenía estudios de perito mecánico, ella no tenía estudios, lo que evidencia que no tienen ni conocimientos ni experiencia inversora.
  6. Se realiza el Test Mifid en el año 2012 cuando así lo exigía ya la directiva MIFID.  El Test consta de 5 simples y tristes preguntas de las que se destaca en 2 de ellas que el cliente pone de manifiesto que es la primera vez que adquiere estos productos, que no ha realizado este tipo de operaciones con anterioridad, que tiene estudios superiores ( pero no se ha acreditado ello), lo que comporta la conclusión en el propio Test de que el producto es conveniente para el actor pese que a través de la realización del mismo, en las escasas 5 preguntas realizadas, es difícil poder valorar el conocimiento específico. A ella no se le realiza el Test, aun siendo obligatorio, lo que le  impide a la entidad valorar su idoneidad.
  7. En el contrato de Orden de compra se hace referencia a que toda la información del producto se contiene en el Folleto Informativo que se les entrega a los clientes. No queda acreditado que se les entregara el Folleto Informativo pese a aportarlo con el escrito de contestación de la demanda. El Folleto que ha presentado BANKIA es el mismo que se presenta en cientos de procesos que siguen ante este partido judicial y siempre con las mismas firmas.
  8. En el caso de autos ha existido un claro, manifiesto y evidente dolo civil, por omisión de información esencial del producto que se suscribe, que ha determinado una errónea formación del consentimiento. La transmisión de información errónea viene de las instancias superiores que emitieron folletos para los comerciales con omisiones significativas e información que no se ajustaba con la realidad.
  9. El canje realizado por la entidad fue una disyuntiva sin opciones, o bien aceptaban las acciones, que no su precio, o bien se quedaban como estaban con un producto ilíquido que carece de valor.
  10. Las pérdidas que han tenido que soportar los clientes por la compra de estos productos son más que evidentes, aunque las partes no hayan acreditado dicho perjuicio, por cuanto no hay un solo telediario o periódico de las diversas cadenas de información que cada día no bombardee a cualquier ciudadano sobre la situación
  11. Existe una conducta que puede ser apreciada de carácter presuntamente delictual que podría ser constitutiva de infracción penal ya que se ha comercializado un producto complejo a personas de especial vulnerabilidad por su edad y/o enfermedad, incurriendo en conductas irregulares tales como omitir información de manera abierta sobre las características esenciales de estos productos.  Las sociedades filiales que los emitían ni tan siquiera estaban en España, amparadas en el nombre comercial de la Entidad de crédito, y sin informar de los riesgos que el producto comportaba para su patrimonio a corto y largo plazo o, que a través del mismo se autofinanciaba la entidad de crédito a través de su entidad filial.