BBS Abogados habla en un artículo publicado en ‘El Periódico’ sobre las Participaciones Preferentes

BBS Abogados y Arcadi Sala-Planell entrevistados en El Periódico ante el alud de casos de afectados por participaciones preferentes:

“«Esa es la razón por la que las demandas que se han interpuesto se han saldado a favor de los clientes o la entidad financiera ha preferido pactar la devolución con el cliente antes de que resuelva el juez», explica Arcadi Sala-Planell, del bufete BBS Abogados, que se ha especializado en litigar contra el sector bancario por malas  prácticas.”

La noticia ha sido publicada este pasado martes, 25 de junio de 2013, ante la gran preocupación de los afectados ante los últimos “canjes” obligatorios realizados por las entidades, de los que también se habla en la segunda página del artículo.

Las noticias pueden ser visualizadas en los siguientes enlaces:

                       “Las otras Preferentes”

                       “El recurso del PSOE”

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BBS ABOGADOS llega a numerosos acuerdos con CAIXABANK sobre la devolución del capital depositado a los tenedores de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada

Los titulares de participaciones preferentes de LA CAIXA se vieron sorprendidos el año pasado, a inicios de 2012, por un “canje” obligatorio que la entidad ofrecía de forma preceptiva a todos aquellos tenedores de dicho producto tóxico, convirtiendo el producto en otro de exactamente el mismo riesgo anterior, esto es, por Obligaciones Subordinadas.

Posteriormente, aquellos que decidieron reclamar el capital de forma inmediata a la entidad, por necesidad de liquidez, y disconformes con el cambio producido, vieron como la entidad les entregaba el capital en su cuenta corriente debiendo al mismo tiempo suscribir un préstamo pignorado, con un vencimiento a 10 años, que si bien en un primer momento no producía perjuicio alguno para el cliente, suponía para la entidad financiera el poder seguir lucrándose del mismo durante varios años, mientras que el contrato omitía en cierta forma ciertos aspectos que consideramos debían ser importantes de mencionar, como el hecho de qué sucedía en caso que pasados los 10 años, el préstamo no se hubiese llegado a amortizar en su totalidad.

Finalmente, parece que aquellos clientes que hasta la fecha no han sucumbido a las alternativas poco claras de la entidad, verán satisfechas sus pretensiones ante los diferentes procesos judiciales que hemos interpuesto con la entidad, habida cuenta que la entidad está llegando a varios acuerdos extrajudiciales con BBS Abogados antes de llegar a juicio.

El TRIBUNAL SUPREMO se pronuncia sobre la comercialización de Participaciones Preferentes, condenando a la entidad financiera

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, la primera del Alto Tribunal en relación a la contratación de participaciones preferentes, dictada el pasado mes de Abril, ha condenado a la entidad financiera BBVA a indemnizar en 291,488,84€ a un matrimonio por los daños y perjuicios  causados por la actuación culposa de ésta.

El matrimonio suscribió con BBVA un contrato de gestión de cartera de valores por el que autorizaban a la entidad financiera a gestionar su cartera de valores y a actuar profesionalmente en el mercado de valores por cuenta de éstos. Ello implica que la entidad financiera aún gozando de discrecionalidad en la gestión tenía la obligación de respetar en todo momento las decisiones estratégicas de sus clientes. La entidad financiera optó por la adquisición de participaciones preferentes de Lethman Brothers cuando dicho banco había entrado en quiebra.

El Tribunal basa su fallo en dos cuestiones diferenciadas:

1ª cuestión: qué obligaciones impone la normativa en la gestión de cartera de inversión.

El  gestor (en el presente caso BBVA) al ejecutar órdenes por cuenta de un tercero está sujeto a un estándar elevado de exigencia en sus obligaciones. La normativa le impone la obligación de prestar sus servicios de forma personalizada, profesional y reservada. Debe actuar con diligencia y transparencia asegurándose que sus clientes disponen de toda la información necesaria para poder contratar a la vez que los debe de mantener informados de la evolución de sus inversiones. La gestión debe de ser ordenada y prudente. Su actuación debe ser imparcial lo que supone que no debe anteponer sus intereses a los de los clientes y en todo momento debe seguir las estrictas instrucciones de los clientes.

El Tribunal atribuye al deber de información de la entidad una destacadísima importancia, configurándolo como la piedra angular de la protección del cliente a prácticas negligentes de la entidad.

En primer lugar, la entidad está obligada a facilitar información de manera clara, correcta, y de fácil comprensión. Esto implica que debe proporcionar aquella información relevante necesaria para permitir al inversor adoptar las decisiones de manera fundada y según sus intereses. Asimismo, también conlleva que dedique a cada inversor un tiempo y unos servicios sobre los riesgos que acarrea la operación. Especialmente, la entidad está obligada a hacer hincapié en los riesgos que comporta la contratación de un  determinado producto. El Tribunal especifica que la información proporcionada debe de ser activa y no de mera disponibilidad. Es decir, la entidad debe de proporcionar toda la información que está en sus manos a los clientes y no esperar a que éstos les soliciten la información,  porqué de no hacerlo, no dispondrán de ella. El fundamento de que la información se preste de manera activa se sustenta en la relación de confianza que los clientes depositan al gestor por cuanto es experto en el mercado de valores.  El Tribunal es contrario a que la información esté a disponibilidad por cuanto los clientes son desconocedores del producto y no pueden saber qué información concreta deben solicitar a la entidad.

En segundo lugar, la entidad está obligada a recabar información de los clientes sobre su situación financiera, su experiencia inversora y el objeto de la inversión. En este proceso de obtener la información de sus clientes debe asegurarse que los clientes comprenden la información  que se les explica.

2ª cuestión: qué estándar es exigible a la empresa que opera en el mercado de valores.

El Tribunal en base a las obligaciones y responsabilidades concretadas en el primer apartado concluye que BBVA no suministró a sus clientes una información completa y clara como exige la normativa.

La Entidad no actuó diligentemente puesto que no corrigió la contradicción del perfil muy bajo de riesgo que los clientes estipularon en el contrato y los productos contratados. La Entidad al redactar el contrato de cartera de valores tampoco advirtió sobre los riesgos y la complejidad del producto financiero. El Tribunal no considera suficiente que la entidad se limitara a enviar correos electrónicos a los clientes periódicamente sobre el estado de la inversión puesto que en estos correos nada se mencionaba respecto a los riesgos del producto.

El Tribunal confiere tanta importancia al deber de información de la entidad que establece que el cliente debe ser experto para comprender los extremos de la gestión del mercado de valores. Por lo tanto, la responsabilidad de informar de la Entidad no desaparecerá aunque el cliente sea un empresario por cuanto su empleo no tiene relación alguna con el mercado de valores, tampoco el haber realizado algunas inversiones con anterioridad o que en el momento de la contratación los clientes comparecieran con un asesor laboral y contable,  persona con más formación que éstos.

El deber de información de la entidad está estrechamente relacionado con la libertad contractual de los particulares. Sólo con una información clara, precisa, y que advierta de los riesgos, el cliente puede contratar en base a una decisión fundada y con conocimiento de causa, sin caer en el error de pensar que lo que está contratando no coincide con sus preferencias. Las entidades financieras han venido quebrantando este deber de información por cuanto ha primado más su afán oportunista de recapitalizar sus fondos propios que la protección del cliente de perfil ahorrador a exponer sus ahorros de toda una vida a riesgo. Y más aberrante aún, han seguido vendiendo participaciones preferentes cuando las propias entidades estaban en quiebra.

Por todo ello, la sentencia augura un buen presagio para todos esos ahorradores que sin ser advertidos y creyendo que su dinero estaba resguardado en un plazo fijo han visto como sus ahorros se convertían en papel mojado, o en el mejor de los casos migajas del canje que la Entidad les ha invitado a hacer.

Rotunda condena del Tribunal Supremo al BBVA por la comercialización de preferentes

Fuente: Asuapedefin

La sentencia llega después de que el Santander se retirara 72h antes de la votación y fallo para que el TS no pudiera sentar jurisprudencia. Transcribimos a continuación la nota de prensa emitida y recomendamos el artículo de Carlos Guerrero (5 claves de la sentencia del Tribunal Supremo sobre preferentes)

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación y ha condenado al BBVA a indemnizar al matrimonio demandante por los daños y perjuicios provocados por la adquisición de participaciones preferentes de Lehman Brothers, siendo la entidad gestora el BBVA.

Los hechos objeto de enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por un matrimonio contra el BBVA en reclamación de los perjuicios ocasionados por la actuación negligente del banco al adquirir participaciones preferentes de la entidad Lehman Brothers Holding Inc en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de inversión. La demanda fue estimada en primera instancia por considerar el Juez que hubo un cumplimiento negligente del contrato al adquirirse un producto no ajustado al perfil del cliente. La Audiencia Provincial de Valencia revocó esta decisión, estimando el recurso del banco, al entender que se había proporcionado la información adecuada para entender el producto adquirido y porque la normativa sectorial no impedía a clientes conservadores solicitar productos de riesgo.

La sentencia de la Sala Primera, de la que ha sido ponente el magistrado Sarazá Jimena, ha estimado el recurso de casación de los clientes del banco, aunque previamente ha desestimado el también interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, por entender que no hubo vulneración de las normas relativas a la carga de la prueba al no basarse la decisión de la Audiencia Provincial en la insuficiencia de prueba.

En cuanto al recurso de casación, la sentencia analiza la relación contractual que ligaba a las partes basada en un contrato de gestión discrecional de carteras de inversión, asimilándola a los contratos de mandato o comisión mercantil. Considera que las indicaciones sobre el perfil de riesgo del cliente y sobre sus preferencias de inversión desempeñan “una función integradora del contenido del contrato”, siendo obligación legal de estas empresas recabar información a sus clientes sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión e informar de manera clara y transparente sobre los riesgos de las operaciones contratadas, de tal forma que una deficiente información puede suponer una negligencia determinante de la indemnización de los perjuicios ocasionados.

En el caso que resuelve, la Sala considera que esta información completa y clara no se había suministrado ni se había actuado de buena fe, al existir una contradicción entre el perfil de riesgo del cliente, que era muy bajo, y los valores elegidos, de riesgo elevado, lo que, con una actuación diligente y de buena fe, hubiera exigido que se pusiera de manifiesto la incoherencia entre el perfil elegido y los productos de inversión aceptados para asegurarse de que la información era clara y había sido entendida.

La sentencia concluye que el incumplimiento de esta obligación determina la responsabilidad del banco por los daños sufridos por los clientes, revocando así la sentencia de la Audiencia Provincial y confirmando la dictada en la primera instancia.